El porcentaje de población con “empleo asalariado” aumentaría notablemente con el proyecto del Tren Maya, esto como estrategia para combatir la pobreza
CANCÚN.- El Tren Maya pretende detonar un fuerte proceso de proletarización de la población rural, buscando que campesinos e indígenas que hoy se autoemplean conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido, orillada a contratarse en el nuevo orden forjado para la península de Yucatán.
De acuerdo con Sergio Madrid Zubirán, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), y el investigador Eugenio Fernández Vázquez, el proyecto ferroviario busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas, que por siglos han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia de la población originaria.
“Es un proceso que facilitará la incorporación de tierras y bienes al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario. El Estado busca la llegada de grandes inversiones a la región bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y marginalidad”, se lee en el documento Tren Maya: nuevo impulso a la desruralización de la península de Yucatán.
El porcentaje de población con “empleo asalariado” aumentaría notablemente, como ha sucedido; sin embargo, esa apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de tierras, generando las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio.
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Aunque hasta ahora el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que ofrezca claridad, sus directivos afirman que es una apuesta por la urbanización del sur-sureste, erigiendo un desarrollo centrado en la provisión de servicios turístico e inmobiliario, y favoreciendo la expansión agroindustrial.
“El Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de mil 510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awakateko y akateko. Omite reconocer que es un territorio habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación”, de acuerdo con la Constitución.
“Ese enfoque deja ver el racismo y clasismo que subyace en el Estado, expresados por el menosprecio a lo indígena y lo campesino. El proyecto efectivamente generará nuevos empleos, y es probable que la población campesina acceda a una parte de ellos, pero en ningún sentido esto tiene posibilidades de mejorar sus condiciones de vida”, se añade en el texto.
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Por ejemplo, en Quintana Roo en los pasados 10 años la tasa anual de incremento de personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de ocho por ciento, mayoritariamente dentro de la categoría “un salario mínimo” (tres mil 670 pesos al mes, y el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que una familia de cuatro personas está en situación de “pobreza por ingresos” si su entrada económica mensual es inferior a 11 mil 290 pesos .
Así, la estrategia del Estado para combatir la pobreza a partir de que la población rural se contrate en un empleo asalariado es una falacia; por el contrario, generará una población urbana marginada y excluida de la tierra y que otrora gozaba y le sostenían, y dependiente de los vaivenes de la economía y los mercados globales.
Ese proceso de desruralización impactará negativamente a indígenas y campesinos debilitando su gobernanza y capacidad institucional, y vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y protección de los territorios. La proletarización de la población representa oportunidades para que las empresas accedan a una fuente de mano de obra barata, condición sin la que el capital no podría expandirse.