México.- El gobierno de Estados Unidos está considerando la posibilidad de aplicar la pena de muerte a seis de los 29 narcotraficantes entregados recientemente por México, entre los que se encuentra el conocido Rafael Caro Quintero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señala que “muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición de larga data de Estados Unidos que no fueron atendidas durante el gobierno del presidente Joe Biden, pero que el gobierno mexicano decidió transferir al actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del Presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14157“.
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Órdenes Ejecutivas Clave
La Orden Ejecutiva 14157, titulada “Designación de Cárteles y Otras Organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”, busca la eliminación total de estos cárteles. Otra orden relevante es la 14164, titulada “Restablecimiento de la Pena de Muerte y Protección de la Seguridad Pública”.
En la orden 14164 se establece que “es política de Estados Unidos asegurar que las leyes que autorizan la pena capital se respeten y se apliquen fielmente, y contrarrestar a los políticos y jueces que subvierten la ley obstruyendo e impidiendo la ejecución de las sentencias capitales”.
En el caso de Rafael Caro Quintero, cuya acusación estará en el Distrito Este de Nueva York, las penas que podrían aplicarle serían la de muerte o cadena perpetua. Penas similares podrían aplicarse a José Rodolfo Villarreal Hernández, Vicente Carrillo Fuentes, Andrés Clark, Luis Geraldo Méndez Estevane y Aliso Martín Sotelo.
Cárteles Designados como Terroristas
La orden 14157 especifica que los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel del Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU), además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), entran en la categoría de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) o terroristas globales especialmente designados (SDGT).
Estos traslados ocurren el mismo día en que autoridades mexicanas se reunieron en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses, acordando “acciones coordinadas” contra el narcotráfico. El objetivo central del plan es “disminuir las muertes” por fentanilo en Estados Unidos y el tráfico de armas desde ese país que terminan en manos de los cárteles mexicanos.