Los senadores coincidieron que el acto de prohibir el acceso a las playas resulta un acto discriminatorio, y se multará hasta con un millón de pesos a quien realice esta acción

Este martes y de manera unánime, el pleno del Senado aprobó modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales que imponen multas de hasta un millón de pesos a quien prohíba el acceso a playas y a la zona marítimo terrestre del país.

Las multas que se establecieron van de los 3 mil a 12 mil veces el valor (86.88 pesos) de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) a quien también restrinja, obstaculice o condicione la entrada a alguna playa, pues estas ya no podrán ser determinadas como “privadas”.

En el dictamen se establece que en caso de no existir vías públicas o accesos desde la vía pública los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítima terrestre (la playa) deberán permitir el libre acceso a la misma.

Con estas modificaciones a la norma, se asegura el derecho al libre tránsito por las playas nacionales.

“La restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo-terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación”, explicó Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación y senadora de Morena.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Turismo, el perredista Antonio García Conejo dijo que “eso va a ayudar sin duda a evitar discriminación, porque sí la hay. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a algún lugar turístico y, encuentran letreros donde está prohibido el paso? Pero, a parte de eso, no consienten que alguien se instale a disfrutar de la playa, a disfrutar de un recurso natural y que son bienes de la nación”.

Para el caso de titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de reincidencia, además de la sanción establecida, se revocará la concesión, autorización o permiso. El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

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