Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el martes la reforma que termina con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ahora, qué sigue con la desaparición del Insabi, ¿Regresa el Seguro Popular?, o, quién atenderá a los mexicanos.
El Insabi era en esencia un Seguro Popular, que hasta ahora se encargaba de ofrecer atención gratuita y medicamentos a las personas que no cuentan con la prestación de seguridad social.
El Insabi sustituyó al Seguro Popular al principio del 2020, unos meses antes de que la pandemia por Covid-19 llegara a México, lo que complicó la transición de un sistema al otro.
Qué sigue, ¿Regresa el Seguro Popular?
Tras la cancelación del Insabi, el Seguro Popular no revivirá, pues la reforma establece que el organismo público descentralizado IMSS-Bienestar será ahora el encargado de brindar atención médica gratuita a todos aquellos que no tengan seguridad social.
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La Secretaría de Salud tiene, desde la eliminación del Insabi, 180 días naturales para transferir los recursos humanos, materiales y financieros al IMSS-Bienestar, el cual ya opera en 19 de los 32 Estados del país.
IMSS-Bienestar cuenta hasta el momento con tres mil 983 unidades médicas que proporcionan servicios de primer nivel y 80 unidades que atienden especialidades de segundo nivel, como cirugía general, ginecología, medicina interna o pediatría.
Qué era el Seguro Popular
El Seguro Popular nació en el 2003, en el sexenio del expresidente Vicente Fox, con la finalidad de otorgar atención médica a los mexicanos sin seguridad social, como desempleados y trabajadores informales.
En su momento contó con una afiliación de más de 58 millones de mexicanos, siendo entre la población más beneficiada las mujeres embarazadas, y tanto ellas como cualquier ciudadanos debía entregar, para darse de alta, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, cubrir la cuota familiar en el módulo de orientación y afiliación correspondiente y la toma de huellas digitales.
El presupuesto otorgado para el Seguro Popular era aprobado por la cámara de diputados, de ahí se iba hacia las entidades federativas para su aplicación, llegando en 2015 a destinarse un 2.85% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
