La medida busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el cierre de las escuelas militarizadas de nivel básico en México. Al considerar que este modelo educativo no está permitido por la legislación vigente y es incompatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana. La decisión se produce después de diversos casos de violencia registrados en academias de este tipo. Entre ellos la muerte de tres menores ocurrida entre 2023 y 2026, hechos que motivaron una revisión nacional de estos planteles.
En este sentido, la SEP informó que las autoridades educativas estatales deberán verificar que ninguna institución de educación básica opere bajo esquemas de disciplina militarizada. Los planteles que incumplan esta disposición deberán suspender actividades antes del inicio del próximo ciclo escolar, mientras se revisa su situación jurídica y administrativa.
Casos recientes detonaron la decisión
El anuncio ocurre tras el caso de Dafne Zapata. Una adolescente de 13 años que falleció durante un curso de verano en una academia militarizada de Tamaulipas. La investigación derivó en la detención de directivos e instructores, además de múltiples denuncias de presuntos abusos físicos y psicológicos cometidos contra estudiantes.
Asimismo, las autoridades recordaron que anteriormente también se registraron las muertes de Zamir Pinto y Erick Torbellín en instituciones con características similares. Situaciones que evidenciaron la falta de regulación y supervisión de estos centros educativos.
Educación militarizada no está autorizada
El titular de la SEP, Mario Delgado, reiteró que ningún modelo de educación militarizada está autorizado dentro del sistema educativo nacional y aclaró que ni la Secretaría de Educación Pública ni la Secretaría de la Defensa Nacional otorgan permisos para operar bajo este esquema en educación básica.
Por otro lado, la dependencia explicó que la formación militar corresponde exclusivamente a instituciones oficiales vinculadas con las Fuerzas Armadas y no a escuelas privadas dirigidas a menores de edad.
La autoridad educativa señaló que el objetivo es garantizar ambientes escolares seguros, libres de violencia y respetuosos de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
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Revisarán la situación legal de los planteles
Como parte de las acciones anunciadas, las autoridades educativas realizarán inspecciones en las academias identificadas para verificar si cuentan con permisos, reconocimiento oficial y condiciones adecuadas para prestar servicios educativos.
Además, los gobiernos estatales deberán colaborar en la revisión de cada caso y, cuando corresponda, iniciar procedimientos administrativos para cancelar autorizaciones o impedir que estos centros continúen operando fuera del marco legal.
Especialistas en educación consideran que esta medida representa un paso importante para fortalecer la supervisión del sistema educativo y prevenir nuevas situaciones de riesgo para los estudiantes.
Protección de la infancia, prioridad
Diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez han respaldado la decisión de la SEP. Al considerar que la disciplina militarizada resulta incompatible con los principios pedagógicos y de protección infantil establecidos en la legislación mexicana.
Por ejemplo, expertos han señalado que la educación debe privilegiar el desarrollo integral, la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana. Evitando prácticas basadas en castigos físicos o psicológicos.
Continúa la revisión nacional
La Secretaría de Educación Pública informó que continuará supervisando instituciones educativas en todo el país para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
Sin embargo, las autoridades precisaron que cada caso será analizado de manera individual y que los procedimientos administrativos respetarán el derecho de audiencia de los responsables de los planteles.
Finalmente, el cierre de las escuelas militarizadas representa una de las acciones más relevantes emprendidas recientemente por la SEP en materia de protección infantil. Con el propósito de garantizar que todos los espacios educativos funcionen bajo criterios pedagógicos, legales y de respeto pleno a los derechos de las y los estudiantes.