Este martes, los legisladores del Congreso aprobaron la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado en Quintana Roo.
Esta ley permitirá al gobierno estatal expropiar propiedades privadas y ejidales bajo nuevas causas justificadas, con el fin de realizar proyectos que beneficien a la comunidad.
La propuesta fue promovida por la mandataria estatal Mara Lezama y fue aprobada por la XVIII Legislatura con 17 votos a favor y 3 en contra.
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¿Qué significa la nueva Ley de Expropiación en Quintana Roo?
Con esta reforma, el gobierno de Quintana Roo amplía de 11 a 25 las razones por las cuales puede expropiar terrenos, lo que incluye:
- Proyectos de utilidad pública: Como construir o mejorar hospitales, escuelas, parques, mercados y centros deportivos.
- Crecimiento de centros de población: Cuando se necesiten terrenos para que las ciudades crezcan o para nuevos desarrollos habitacionales.
- Proyectos de inversión pública o privada: Si benefician los intereses colectivos de la comunidad.
- Protección ambiental y obras hídricas: Como la construcción de infraestructura para evitar contaminación, mejorar el acceso al agua potable o proteger áreas naturales.
- Reubicación por desastres naturales: Para ayudar a las personas que pierdan sus viviendas en huracanes, sismos u otros desastres.
- Proyectos de transporte y comunicación: Lo que podría incluir desde carreteras hasta aeropuertos en terrenos ejidales o particulares.
¿Cómo afecta esto a los dueños de terrenos?
La ley establece que los terrenos que estén cerca de lugares como parques, plazas comerciales, hospitales o escuelas podrían ser expropiados si el gobierno los necesita para un proyecto.
Sin embargo, los propietarios tienen derecho a recibir una indemnización justa, que será calculada con base en el valor oficial de su propiedad registrado en el catastro.
Si un propietario no está de acuerdo con la expropiación o el pago ofrecido, puede presentar una reclamación dentro de los primeros 15 días hábiles tras la notificación.
Además, si el terreno no se usa para el proyecto prometido en un plazo de cinco años, el dueño podrá pedir que le regresen su propiedad.
Mientras algunos legisladores defendieron la iniciativa como una herramienta para impulsar el desarrollo y mejorar la vida de los ciudadanos, otros votaron en contra.
Quienes se opusieron, argumentaron que podría abrir la puerta a abusos o afectaciones injustas a los dueños de propiedades.
La nueva Ley de Expropiación busca garantizar que el crecimiento urbano y los proyectos de infraestructura en Quintana Roo se realicen de manera ordenada.
De esta manera se estará beneficiando a la mayor cantidad de personas posible.
Sin embargo, también representa un reto para asegurar que los derechos de los propietarios sean respetados y que los proyectos realmente beneficien al bienestar colectivo.
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