La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, integrantes de su familia y el senador morenista Eugenio “Gino” Segura acumularon 605 registros migratorios de entrada y salida de México entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025. De ese total, 283 movimientos estuvieron relacionados con vuelos en aeronaves privadas, de acuerdo con una investigación periodística de Reforma retomada por El Imparcial.
El recuento generó nuevos cuestionamientos políticos, principalmente desde el PAN, cuyos legisladores solicitaron a la Secretaría Anticorrupción revisar el origen de los recursos utilizados para los traslados y determinar si existe alguna relación entre las empresas operadoras de las aeronaves y los gobiernos encabezados por Lezama.
Mara Lezama registra 97 movimientos en vuelos privados
De acuerdo con los datos citados en la investigación, Mara Lezama acumula 119 movimientos migratorios, de los cuales 97 estuvieron asociados con vuelos privados.
Los registros abarcan el periodo en que la actual mandataria fue presidenta municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, y posteriormente su etapa como gobernadora de Quintana Roo, cargo que asumió en septiembre de 2022.
Asimismo, entre los destinos identificados en investigaciones periodísticas anteriores aparecen ciudades de Estados Unidos como Orlando, Florida, y la zona de Vail, Colorado.
Sin embargo, la cifra de 283 no debe interpretarse como 283 vuelos independientes. Los datos corresponden a movimientos migratorios, por lo que una salida y un posterior ingreso pueden generar registros separados. Además, cuando varias personas viajan en una misma aeronave, cada pasajero genera su propio movimiento migratorio.
Gino Segura aparece entre los pasajeros registrados
El senador Eugenio “Gino” Segura también aparece en el recuento. Según la información difundida, registra 88 movimientos migratorios, de los cuales 19 estuvieron vinculados con vuelos privados.
Segura ha ocupado distintos cargos dentro de administraciones relacionadas con Mara Lezama. Fue Oficial Mayor durante el gobierno municipal de Cancún y posteriormente secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.
Por otro lado, actualmente es senador y figura entre los perfiles mencionados rumbo a la sucesión gubernamental de Quintana Roo en 2027.
La investigación reportó que en 35 ocasiones Mara Lezama compartió aeronave con integrantes de su familia o con Segura.
El esposo de Mara Lezama también aparece en los registros
El recuento incluye a Omar Terrazas García, esposo de la gobernadora, quien registra 129 movimientos migratorios, de los cuales 69 estuvieron relacionados con aeronaves privadas.
También fueron considerados los hijos y el hermano de la mandataria. No obstante, la información difundida no presenta un desglose individual completo de todos los integrantes familiares incluidos en el análisis.
Además, la investigación identificó al menos nueve aeronaves privadas utilizadas en diferentes movimientos.
Entre ellas aparecen dos aviones Gulfstream G200 con las matrículas XA-PKR y XA-GLF. Los registros de aviación consultados vinculan a Pabe-Tax con la operación de ambas aeronaves. En el caso del XA-GLF, también aparece Flycorp Services como propietaria y Pabe-Tax como operadora.
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PAN pide investigar quién pagó los vuelos
El punto central del cuestionamiento político no es únicamente la cantidad de desplazamientos, sino quién cubrió el costo de los vuelos privados.
La senadora panista Mayuli Latifa Martínez y el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez solicitaron que la Secretaría Anticorrupción revise los registros y determine si las empresas relacionadas con las aeronaves tuvieron contratos con el Gobierno de Quintana Roo.
En este sentido, los legisladores plantearon revisar posibles contratos con la administración estatal y con el Ayuntamiento de Benito Juárez durante el periodo en que Lezama estuvo al frente del municipio.
También pidieron verificar si existió algún posible uso de recursos públicos que debiera estar reflejado en las cuentas gubernamentales.
Registros no demuestran por sí mismos uso de dinero público
Sin embargo, es importante distinguir entre los datos documentados y las acusaciones políticas.
Los registros migratorios y aeroportuarios permiten conocer quién realizó determinados movimientos, las fechas, las aeronaves y, en algunos casos, las matrículas utilizadas. No obstante, estos documentos no demuestran automáticamente quién contrató la aeronave, quién pagó el servicio o cuál fue el origen del dinero.
Por esa razón, los 283 movimientos en vuelos privados no constituyen por sí mismos una prueba de que se hayan utilizado recursos públicos ni acreditan una falta administrativa. Para determinarlo serían necesarios contratos, facturas, comprobantes de pago, registros de comisiones y documentos relacionados con las empresas involucradas.
El caso genera debate sobre la austeridad republicana
La polémica también alcanzó a integrantes de Morena y del PT, quienes señalaron que, en caso de confirmarse los datos publicados, el uso frecuente de aeronaves privadas tendría que explicarse frente al principio de austeridad republicana promovido por la llamada Cuarta Transformación.
De igual manera, legisladores oficialistas plantearon que los funcionarios deben mantener congruencia con los principios éticos de su movimiento.
El debate, por ahora, es político y no representa una resolución administrativa o judicial sobre los vuelos.
¿Quién pagó los vuelos de Mara Lezama?
Hasta la información revisada, no está acreditado públicamente quién pagó cada uno de los vuelos privados incluidos en el recuento.
Por ello, la investigación solicitada por legisladores del PAN busca precisamente determinar el origen de los recursos, las empresas que proporcionaron los servicios y si existieron relaciones comerciales con administraciones encabezadas por Mara Lezama.
Posteriormente, la gobernadora ha sostenido que los viajes que realizó durante su trayectoria como servidora pública respondieron a motivos familiares y a sus funciones, y ha rechazado que se hayan financiado con recursos públicos. También negó haber compartido vuelos con Gino Segura, en contraste con lo señalado por el recuento periodístico.
Finalmente, el caso permanece en el terreno de la revisión periodística y de las solicitudes de investigación. La documentación de los vuelos permite conocer los movimientos registrados, pero será necesario revisar contratos y comprobantes para establecer quién pagó los servicios y si existió alguna relación contractual con gobiernos de Quintana Roo.