Las hijas de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña que fue asesinada por policías municipales en Tulum en 2021, aún no han sido reconocidas oficialmente como víctimas dentro del proceso legal. Esta omisión impide que accedan a medidas de reparación y compensación que les corresponderían como afectadas directas de los hechos.


El caso de Victoria Salazar: un feminicidio que marcó un precedente

El 28 de marzo de 2021, y durante esa intervención perdió la vida se sometió a la salvadoreña. El contexto del caso generó indignación nacional e internacional por el uso excesivo de la fuerza y las posibles irregularidades en el procedimiento.


Sin reconocimiento de estatus: consecuencias para las hijas

La falta de reconocimiento implica que no pueden acceder a mecanismos de reparación, como atención psicológica, apoyo económico o indemnizaciones por el daño sufrido.

Actualmente, la lucha por este reconocimiento avanza a través de la abuela de las menores. Quien demanda que la justicia incluya a las niñas como beneficiarias de las medidas de protección y reparación correspondientes.

Este vacío institucional también pone en relieve la responsabilidad del Estado en garantizar que las personas más vulnerables no queden excluidas dentro de un camino judicial complejo.

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Obstáculos legales y derechos pendientes

El principal obstáculo es que el sistema jurídico mexicano no ha extendido formalmente el estatus de “víctima” hacia estas menores. Sin ese reconocimiento, las niñas carecen de bases legales para exigir compensaciones o reclamos en el expediente del caso de su madre.

Además, este tipo de omisiones refuerza un déficit estructural: cuando las víctimas colaterales son invisibilizadas, se perpetúa la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos penales. Por ello, grupos defensores han insistido en que se revise con enfoque integral el expediente para incorporar a las niñas como sujetos de protección.


Hacia una justicia integral: pasos urgentes

  1. Reconocimiento formal: autoridades estatales y judiciales deben ordenar que las hijas de Victoria sean consideradas víctimas en el expediente del feminicidio.
  2. Medidas de reparación: con ese reconocimiento, las niñas podrían acceder a apoyo psicológico, educativo y compensaciones por derechos vulnerados.
  3. Supervisión externa: organizaciones de derechos humanos deberían monitorear que las autoridades cumplan con este tipo de sentencias con perspectiva de género.

Mientras tanto, la falta de reconocimiento oficial priva a las menores de un soporte legal fundamental. Al tiempo que pone en jaque la coherencia de un sistema que reconoce víctimas de un feminicidio pero deja fuera a quienes quedan directamente afectadas.

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