México.- El reconocido cantante de corridos, Gerardo Ortiz, reconoció su culpabilidad en un caso que lo relacionó con la realización de conciertos organizados por un promotor mexicano señalado por sus nexos con el narcotráfico.
Su declaración lo situó en el centro de un proceso judicial que también involucró a Ángel Del Villar, director del sello discográfico Del Records.
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Conciertos para un promotor narcotraficante
De acuerdo a la revista Rolling Stone, Ortiz se declaró culpable de haber conspirado para violar una ley federal en Estados Unidos.
La investigación reveló que el cantante llevó a cabo transacciones comerciales con Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvea, un promotor mexicano designado como narcotraficante vinculado al CJNG, por el gobierno estadounidense bajo la Ley Kingpin, la cual prohíbe cualquier relación comercial con individuos o entidades vinculadas al tráfico de drogas.
A pesar de que las autoridades advirtieron a Ortiz en 2018 sobre la designación de Pérez Alvea como narcotraficante, el artista continuó trabajando con él y llegó a ofrecer 19 conciertos organizados por este promotor, quien presuntamente utilizó estos eventos para lavar dinero en beneficio de cárteles mexicanos.
De acuerdo con las investigaciones, Ortiz inicialmente consideró la posibilidad de romper su relación con Pérez Alvea tras la advertencia del FBI. Sin embargo, habría sido persuadido por el productor Ángel Del Villar para seguir con los eventos, lo que resultó en una violación directa de la Ley Kingpin.
Del Villar, como director de Del Records, fue una figura clave en la carrera de Ortiz. Su influencia habría sido determinante en la decisión del cantante de continuar con los conciertos, a pesar de los riesgos legales que esto implicaba.
Ortiz se declara culpable de realizar conciertos para narcos
Al declararse culpable, Ortiz no solo aceptó su responsabilidad en los hechos, sino que también mostró disposición para testificar en contra de Del Villar. Esta cooperación podría influir en su sentencia y en el desenlace del caso.
Las sanciones que enfrenta incluyen multas económicas y penas de prisión, ya que la Ley Kingpin impone severos castigos a quienes realizaban transacciones con personas sancionadas por el gobierno estadounidense.