Con 24 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones; se aprobó la reforma para establecer una pena de 20 años de cárcel para quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas y privadas.
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Al final sólo se le hizo una modificación al artículo 308 bis del citado dictamen, donde se precisó la sanción de 13 años de prisión para quienes, a través del cierre de vías de comunicación, intenten extorsionar a empresas.
Con información de: El Informador