Playa del Carmen.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó la clausura total definitiva del delfinario Dolphinaris Barceló, operado por Acuario Arrecifal, S.A. de C.V., tras confirmar siete irregularidades graves durante un procedimiento iniciado en febrero de 2025.
El cierre incluye la colocación de sellos visibles y una multa superior a 7.5 millones de pesos.
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Entre las principales faltas identificadas se encuentra el trato indigno hacia los delfines al forzarlos a participar en actividades interactivas y acrobacias que comprometen su integridad física.
Una de las pruebas más contundentes fue el caso del delfín Mincho, quien sufrió un fuerte impacto contra una plancha de concreto durante una acrobacia realizada. La empresa no notificó el incidente, incumpliendo con la normatividad vigente.
Delfín lesionado, acrobacias no autorizadas y omisión de reportes: Delfinario Barceló
El dictamen de la Profepa revela que los animales, incluso en tratamiento médico, fueron utilizados en espectáculos sin contar con el visto bueno veterinario. Mincho, pese a contar con una incapacidad de 15 días, regresó a las actividades solo dos días después del accidente. Además, se documentó exceso de participantes en interacciones con los delfines, lo que viola las disposiciones del plan de manejo.
Otro hallazgo fue la omisión en las evaluaciones médicas periódicas requeridas para dar seguimiento a la condición de salud de los ejemplares. Las bitácoras también evidenciaron temperaturas del agua superiores a 27°C, fuera de los parámetros normativos para el bienestar de los mamíferos marinos.
Como parte de las acciones legales, la Profepa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en relación con los hechos ocurridos con Mincho, quien continúa bajo atención médica en otro recinto.
Actualmente tiene 35 años y presenta una queratitis crónica; ha perdido totalmente la visión del ojo izquierdo y mantiene el 60% en el derecho.
El artículo 420, fracción I, del Código Penal Federal establece sanciones de hasta nueve años de prisión para quien dañe, capture o prive de la vida a mamíferos marinos sin autorización legal. La denuncia queda abierta contra quien resulte responsable.
La Profepa reiteró que las instalaciones que manejan ejemplares de vida silvestre en cautiverio deben cumplir con las disposiciones legales sin excepción. Las inspecciones continuarán en todo el país para garantizar el trato digno y legal de los animales silvestres.