Mario Maldonado Espinosa (*)
Está en proceso de dictaminar una iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo para que la actual Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción pase a ser una fiscalía autónoma y ya no dependa más de la Fiscalía General del Estado.
Este paso es significativo, pues hablamos de un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, presupuestal y de gestión, con capacidad para determinar su organización interna y el ejercicio de sus recursos con arreglo a las normas aplicables, cuyo objeto es investigar, perseguir y consignar ante la autoridad jurisdiccional las conductas que la ley prevé como delitos por hechos de corrupción.
De aprobarse esta importante reforma, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tendría una autonomía como ahora tienen la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, entre otros organismos autónomos del Estado.
En la lucha contra la corrupción es prácticamente una obligación contar con órganos o personas especializados en la lucha contra la corrupción, que gocen de independencia para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas, proporcionando a estos órganos formación adecuada y recursos suficientes, esto es lo que estableció la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y presentada ante la Conferencia Política de Alto Nivel, aquí en Mérida, Yucatán, del 9 al 11 de diciembre de 2003. Por eso a esta convención se le conoce también como Convención de Mérida.
Esta Convención de Mérida contra la Corrupción define a la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, que la corrupción socava la democracia y el estado de derecho da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Precisamente en esa Convención de la que somos parte y está obligado el Estado mexicano a cumplir, manda a contar con órganos especializados de combate a la corrupción que gocen de la independencia necesaria, con los recursos materiales y con personal suficiente y calificado.
Es justamente el cumplimiento de dicha Convención lo que debería dar pie a que la reforma presentada por el Ejecutivo a nuestra Constitución local para contar con un órgano autónomo en el combate a la corrupción en Yucatán, sea votada de manera afirmativa.
Falta por hacer, por ejemplo, en el seguimiento que hace el Sistema Nacional Anticorrupción, actualizado el 29 de marzo pasado, todavía aparece que Yucatán es el único estado de los 32 que todavía no cuenta con una ley de extinción de dominio.
El camino para la creación del sistema anticorrupción ha sido lento, pues desde hace cuatro años inició su estructuración, no ha sido fácil el trabajo a nivel país, pues se tuvieron que vencer inercias que desde luego hay que ir seguir abatiendo para fortalecer todo el sistema, incluyendo los comités de participación ciudadana, la Secretaría Ejecutiva y demás órganos.
Los yucatecos todavía no saben cómo funciona este sistema anticorrupción, cómo se integra y qué hace. También se cuestiona sobre los resultados que este sistema está generando.
Se ha dado, pues, un nuevo empuje para ahora sí perseguir a la corrupción y que ésta no siga generando estragos en la sociedad yucateca, esa plaga insidiosa, necesariamente tiene que empezar a combatirse, de lo contrario, en vano servirán tantos esfuerzos y la impunidad seguirá su camino rampante. Veamos qué pasa con los que hoy tienen esa enorme responsabilidad.— Mérida, Yucatán.
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@mariomaldonadoe
Asesor jurídico